viernes, 18 de diciembre de 2015

ENTREVISTA A DIEGO MARTINEZ

Entrevista
Tomado de Semanario Voz 
Hernán Camacho

Diego Martínez.



Un sistema de justicia único en el mundo es el que se aplicará para el fin del conflicto en Colombia
El apretón de manos entre Timoleón Jiménez, jefe del Estado Mayor de las FARC-EP y Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, el pasado 23 de septiembre fue un hecho histórico y trascendental para la paz del país. Sin embargo, las voces disonantes del gobierno y enemigos de la paz presionaron hasta obligar al gobierno a dar un paso atrás en lo acordado y a reabrir las discusiones. Ahora se vislumbra un nuevo acuerdo que incluye aquellos temas neurálgicos para el establecimiento colombiano. VOZ habló con el jurista y uno de los arquitectos del Sistema Integral para la Verdad Justicia y Garantías de No Repetición, Diego Martínez, quien señala que aunque retrasó otros puntos de la agenda para la terminación del conflicto, reabrir las discusiones le permitió a las partes afianzar algunos conceptos en beneficio de un acuerdo concreto en materia de justicia.

–El 23 de septiembre pasado el país conocía una noticia histórica que ponía al proceso de paz en una especie de recta final. Pero solo pasaron dos días después para que se conocieran los reveses y las declaraciones altisonantes que llamaban a aclarar el asunto de la Jurisdicción para la Paz. Luego se pidió revaluar los 75 puntos del acuerdo. Pasaron casi tres meses en que se reabrieron los debates y los acuerdos ¿El gobierno se equivocó en ese retroceso?

–Yo estimo que el acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz hace referencia a temas medulares y sistemáticos de la impunidad, y el gobierno me parece que no analizó de fondo el acuerdo de justicia que se alcanzó el pasado mes de septiembre y esa es la razón por la cual se decidió reabrir puntos ya pactados. En efecto es una equivocación reabrir la discusión sobre lo ya acordado pero si abrirla sirve para que finalmente se llegue a un acuerdo mucho más sólido pues está bien que se haya hecho así. Pero sin duda fue un error y un mal mensaje para la sociedad colombiana que estaba esperando, después del acuerdo, otras medidas como por ejemplo acuerdos en el punto de víctimas o avances en implementación y lo que sucedió fue un retraso de esos temas esenciales para la agenda de terminación del conflicto.

Ejes temáticos
–¿Fueron puntos sensibles los que se reabrieron?

–Todos los puntos discutidos son difíciles y fundamentales porque su origen están en la impunidad sistemática. Son puntos que tocan ejes temáticos de la agenda como la implementación de los acuerdos o el asunto de las víctimas. Para dar un ejemplo: se reabrió el tema de los aforados que hoy están más claros incluso que la primera vez. Es decir en temas sensibles hoy se tiene mayor claridad.

–Justamente el tema de los aforados causa revuelo. ¿Qué va pasar con expresidentes acusados de delitos de lesa humanidad?

–Yo prefiero que eso lo publiquen las partes dado mi deber de confidencialidad. Vendrá un proceso en donde las delegaciones de paz que están en La Habana hagan un pronunciamiento conjunto y publiquen los acuerdos a los que se llega. Lo que si puedo decir es que temas como el de los aforados han sido muy bien construidos; sin embargo no dejan de ser complejos y difíciles para sectores sociales o de víctimas en el país.

Sectores opinan
–¿Las delegaciones y la comisión de juristas escucharon a sectores sociales para acordar por segunda vez el tema de justicia?

–Este ha sido un proceso muy consultado. A La Habana fueron víctimas a ser escuchadas por las partes, pero también se han realizado una serie de iniciativas de orden académico o foros con temas de especialidad desde el seno de la sociedad civil para recoger insumos que han ayudado en el acuerdo, foros solicitados por la propia mesa de diálogo y auspiciados por la Universidad Nacional y las Naciones Unidas; entonces lo que tenemos es una síntesis de muchas posiciones, un acuerdo para poner fin a la impunidad, pero un acuerdo que recoge también ideas como justicia restaurativa, justicia para la paz que en perspectiva debe obedecer al clamor de las víctimas, pero también al clamor de sectores que hoy están de acuerdo con poner fin a la guerra.

–Se habla de un sistema retributivo ¿qué significa?

–El acuerdo que se va perfilando es también una síntesis muy importante de lucha contra la impunidad. Un sistema que esclarezca lo que sucedió en Colombia. Es un modelo paradigmático en el mundo y se funda sobre la base de la verdad, pero va más allá púes intenta poner fin a los factores que originaron la violencia social, los factores económicos que generaron la guerra, los factores políticos que motivaron el conflicto. Ese sistema restaurativo en primer sentido podrá esclarecer los factores multidimensionales para la no repetición. Gran parte de los modelos de justicia que surgen de procesos de paz en el mundo no satisfacen plenamente el concepto de justicia y verdad por eso la importancia del diseño de este sistema que se basa justamente en eso: la verdad. Es un paso importante camino a la terminación del conflicto.

Indulto
–Hablemos de temas que de alguna manera tocan la Jurisdicción para la Paz, el indulto. ¿Qué opinión le merece el indulto a 30 guerrilleros de las FARC-EP?

–Es un gesto positivo. Nos permite una reapertura del debate sobre el delito político. El indulto y la amnistía se aplican a delitos políticos porque en Colombia no se puede echar al olvido ese concepto, pues en el país existen rebeldes que tomaron las armas y luchan por una causa política. Es un importante gesto de confianza pero a mi juicio se necesitan otros más que pueden ir en ese mismo sentido. Recordemos que hay una crisis carcelaria muy compleja y dramática que debe ser atendida y que un gesto de confianza por parte del gobierno es liberar a los combatientes presos que atraviesan por dificultades de salud. Un grupo de por lo menos 90 prisioneros y presos políticos gravemente enfermos en las cárceles que no tiene atención médica dado que el sistema de salud en las cárceles es inoperante, ineficiente y en ese sentido se va a requerir una nueva medida de confianza que sería la liberación inmediata de estas personas.

–Nada está acordado hasta que todo este acordado. Pero ¿se podrán conocer elementos del acuerdo de justicia antes de la firma final?

–Es parte del punto del fin del conflicto y es en ese escenario que se le dará una mirada a los cronogramas y en el caso de justicia, pues tiene temas significativos como la escogencia del comité de justicia que a su vez escogerá a los miembros de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad. Pero al menos este comité deberá entrar a ser elegido antes de la firma del acuerdo. Es decir, habrá puntos en el acuerdo de inicio para echar a andar todo lo que significa la Jurisdicción para la Paz.

–En la operación del desminado humanitario se habla de dos o tres décadas para dejar limpio el país de minas. En el caso de justicia de cuánto tiempo se habla para que el sistema restaurativo cumpla su objetivo.

–Uno de los grandes hechos del acuerdo es justamente el Sistema Integral para la Verdad, Justicia y Garantías de No Repetición y en efecto la aplicación del sistema tendrá que darse gradualmente. Etapas como preparación, etapa de puesta en funcionamiento, etapa de desarrollo del sistema, etapa de recomendaciones para el caso de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y una etapa de judicialización, es decir un proceso de largo plazo. Por el propio diseño de la jurisdicción el país debe entender que se va a adelantar por tiempos extendidos ya que el esclarecimiento de la verdad, la restauración y la reconciliación son finalidades de la jurisdicción que no se pueden realizar a las carreras. Pero no me atrevo a dar fechas, lo importante es que se cumplan los fines y los propósitos del diseño: la paz.

"La paz exige reconciliación y la reconciliación exige normalización de la vida política y social de Colombia"

Mensaje al pueblo Colombiano sobre el cierre definitivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y el Acuerdo Parcial sobre Víctimas

La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de Paz, diciembre 15 de 2015

Permítannos iniciar estas palabras recordando las siguientes reflexiones de Gabo en la aceptación del premio Nobel en 1982: “La violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia, son el resultado de injusticias seculares y amarguras sin cuento…Frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte…”
Hemos venido pletóricos de satisfacción a comunicar a Colombia y al mundo la buena nueva del cierre definitivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y del Acuerdo Parcial sobre VÍCTIMAS, cuyas potencias dinamizadoras -si no se atraviesan en el camino obstrucciones adversas al sentido común-, podrán acercarnos al propósito superior de nuestra reconciliación.

Pero no podemos olvidar que el origen del conflicto es anterior a la fecha de creación de las FARC. Nuestra fundación es una consecuencia de la violencia del bloque de poder dominante y de fenómenos de desigualdad social que terminaron engendrando y haciendo evidente la necesidad de acudir al Derecho de rebelión.
El trabajo de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas puso en evidencia la inobjetable responsabilidad del Estado por los más de setenta años de conflicto interno. Sus conclusiones han ido preparando el entendimiento de que la responsabilidad de lo acontecido desde el punto de vista de las conductas antijurídicas individuales o colectivas de los diversos actores, podían y debían evidenciarse más allá del señalamiento de una sola de las partes del conflicto como exclusivo victimario.

No de otra manera podíamos hablar de la responsabilidad colectiva que a todas las partes vinculadas al conflicto concierne, ni podría entender la sociedad nacional y mundial que la primera obligación de todos es la recuperación y, en ocasiones, la fabricación misma de un tejido social fuerte y duradero, sobre el cual se formule el compromiso, también colectivo del “nunca más”.

Todo lo anterior fue indicando que la justicia restaurativa era la mejor fórmula de alcanzar la recuperación de la moral social, de depurar las costumbres políticas y sembrar la posibilidad de un bienestar general. No nos interesa aplaudir la entrada a la cárcel de nuestros adversarios de la prolongada guerra. No nos vamos a solazar viendo la puesta tras la rejas de un oficial del ejército o de la policía, o de un alto funcionario del Estado, o de un de un financiador de la violencia surgido de la empresa privada. Preferimos trabajar con ellos a partir de acuerdos de convivencia, reconstruyendo sociedad y patria en Territorios Especiales de Paz en los que el compromiso sea con la Colombia del futuro, sin olvidar el pasado para no regresar a él jamás, con la intención de satisfacer los derechos de las víctimas y las comunidades afectadas en general.

Explorando el dilatado territorio de lo que han sido los acuerdos de paz en el mundo, encontramos que el actual proceso que se adelanta en La Habana es el único en el que se ha acordado un Sistema Integral que reúne y relaciona todos los elementos que el derecho Internacional señala como derechos inalienables de las víctimas: el derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación y a la No repetición.

La finalidad del mencionado sistema es hacer efectivos los derechos de las víctimas del conflicto político, social y armado que hemos vivido, porque, además de combatir la impunidad, ofrece la máxima Justicia que sea posible para concluir definitivamente una larga confrontación armada.

Frente a la evidencia de la crisis del monopolio innato del Estado colombiano, en tanto sujeto del ius puniendi o facultad sancionadora, fue necesario entonces impulsar un mecanismo jurisdiccional autónomo que pudiera satisfacer los compromisos adquiridos por Colombia en materia de derecho penal internacional para establecer responsabilidades de combatientes y no combatientes y de los múltiples agentes del Estado, vinculados directa o indirectamente al conflicto interno.

El acuerdo alcanzado sitúa el Derecho a la verdad en el vértice superior del Sistema diseñado, y establece herramientas eficaces para establecer la Verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto. Sin Verdad no hay reconciliación posible. La Verdad debe marcar el único camino para reconstruir la sociedad colombiana tras años de enfrentamiento fratricida, un camino trazado sobre un modelo de justicia restaurativa y con la plena garantía de todos los derechos humanos a través de la consecución y consolidación de la Paz. La Paz es el Derecho Síntesis de todos los derechos humanos y sin Paz esos derechos no pueden ser disfrutados más que por las minorías privilegiadas.

Durante las discusiones del punto 5º de la agenda, las FARC-EP hicieron suyas y pusieron sobre la mesa de conversaciones las reivindicaciones de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, intentando así corregir las deficiencias habidas en una discusión que no ha sabido dar un papel activo y protagónico a las víctimas del conflicto y a los defensores de los DDHH, limitando su participación a la organización de unos encuentros en Colombia en los que no existía posibilidad de interlocutar con las partes en la Mesa de Conversaciones.

Respecto al acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, durante los meses en que este se construyó en la Comisión Jurídica, expusimos a las organizaciones sociales, de defensores de derechos humanos, de víctimas, de campesinos, a organizaciones políticas y a líderes de opinión y sociales de nuestra patria, los principios y propuestas que creíamos, debían ser incluidos en el texto del acuerdo. Esperamos haber podido explicar correctamente nuestras visiones y criterios para la construcción del modelo de justicia para la paz que requiere Colombia para dejar atrás definitivamente esta larga guerra y sobre todo esperamos haber sabido recoger fielmente los criterios y aportaciones de todos aquellos con quienes hemos consultado incesantemente. Nuestro mayor anhelo es que todos los colectivos que han sufrido el largo conflicto armado, se identifiquen con un acuerdo único en la historia de los procesos de paz y lo consideren también como suyo, puesto que ha sido fruto de sus esfuerzos.
Este es el primer acuerdo de paz alcanzado en Colombia que no se ha cerrado con una amnistía general para todos los intervinientes en el conflicto, sino con la creación de una jurisdicción especial para la paz con competencias para conocer sobre todas las violaciones de derechos y sobre todos los responsables de estas.

Las víctimas y sus organizaciones desempeñaran un papel crucial en la buena marcha del Sistema creado, y podrán así corregir la asimetría que los órganos del Estado han mostrado a la hora de perseguir los delitos cometidos a lo largo del conflicto, favoreciendo la impunidad de agentes del Estado y de sus aliados paramilitares, tal y como ha afirmado hasta la saciedad la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en sus informes sobre Colombia. Por primera vez en un Acuerdo de Paz, las organizaciones de víctimas podrán presentar informes con acusaciones ante la Jurisdicción creada, los cuales deberán ser atendidos por la misma, y las víctimas deberán ser oídas antes de imponer sanciones a quienes reconozcan sus responsabilidades.

Debe quedar bien claro que la Jurisdicción Especial para la Paz que se crea tiene competencia para conocer las responsabilidades de todos quienes intervinieron, directa o indirectamente en el conflicto: combatientes y no combatientes, Agentes del Estado, guerrilleros, políticos, civiles que han financiado, impulsado u organizado el paramilitarismo y paramilitares que hayan disfrutado de impunidad. Quienes hasta ahora, históricamente, se habían amparado en la impunidad para cometer graves crímenes contra las colombianas y los colombianos, deberán comparecer ante el país y asumir sus responsabilidades.
La paz exige reconciliación y la reconciliación exige normalización de la vida política y social de Colombia. Aquellos que han ejercido el supremo derecho a la rebelión contra las injusticias verán amnistiados los delitos políticos que hayan cometido y los conexos a estos. Pero también quienes han sido condenados injustamente como rebeldes sin serlo, o simplemente por ejercer el legítimo derecho a la protesta social, o incluso hayan incurrido en delitos de pobreza, deberán ser amnistiados o deberán cesar los procedimientos en los que estén siendo acusados por el Estado. Y ello, porque no ha sido otro fin que la búsqueda de la justicia y el bien de la sociedad lo que les ha compelido a rebelarse, a disentir o a protestar exigiendo el respeto a los legítimos derechos del pueblo colombiano. Es justo que así se reconozca.

No existirá inmunidad alguna que alcance a cargos oficiales u altos dignatarios del Gobierno o del Estado, porque ello no es posible conforme a la ley internacional, y porque ello sería inaceptable para la conciencia del pueblo colombiano. En un país donde la vida republicana ha sido gobernada por fuerzas políticas y no por juntas militares, la cadena de mando del Estado concluye en las más altas instituciones de Gobierno y es de justicia que así se establezca y se reconozca, para que nunca más el poder civil se escude en las fuerzas militares para no asumir sus responsabilidades en la victimización
Las medidas y programas sobre reparación a las víctimas y restitución del daño causado, han sido expresamente acordadas por las partes para su introducción en el Sistema Integral y consideradas como un esencial componente de este. Tales medidas deben superar las deficiencias del actual marco legal sobre reparaciones, deben garantizar que quienes a consecuencia del conflicto han padecido situaciones de exclusión social salgan de la marginación económica y vean garantizado un futuro sin discriminaciones. Especialmente importante es garantizar la recuperación de sus tierras a todos los campesinos que sufrieron la usurpación de ellas, así como una violencia inhumana por parte de quienes se enriquecieron con el conflicto empobreciendo simultáneamente a la mayoría del pueblo colombiano. Todas las partes implicadas en el conflicto asumen la obligación de reparar el daño ocasionado atendiendo a la realidad de la victimización causada, reparación que se hará con trabajo personal y colectivo, con hechos, con decisiones políticas y con aportaciones materiales. Y es el Estado, el nuevo Estado incluyente que se supone surgirá del Acuerdo de Paz, el que asume la obligación específica de garantizar que todos quienes fueron victimizados sean reparados.

Las FARC-EP han observado con preocupación que prácticamente en la totalidad de acuerdos de paz alcanzados en Colombia y en otros lugares del mundo, más allá del cumplimiento de las medidas acordadas para la normalización de la situación política y la re incorporación a la vida civil de los antes alzados en armas, los pactos dónde se contemplan medidas económicas y sociales de desarrollo del nuevo país que surge de la finalización del conflicto armado, han sido sistemáticamente orillados y nunca cumplidos. Por ello trabajamos incansablemente y lo seguiremos haciendo, para que el resultado de este proceso se cumpla cabalmente. De ahí, que por primera vez en una acuerdo de paz, las partes hayamos incorporado sanciones y medidas de justicia restaurativa –realizables por quienes reconozcan verdad y responsabilidades por crímenes no amnistiables-ejecutando los acuerdos alcanzados en los distintos puntos de la Agenda de Conversaciones en la medida en que estos implican beneficio para las comunidades y desarrollo económico y social del país.

Hasta ahora Colombia ha padecido durante su historia republicana miseria, desigualdad, carencia de democracia y luto, pero no ha muerto la esperanza; por ello con el inolvidable Gabriel García Márquez cerramos esta intervención diciendo, que, Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de una utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

SE CAYO EL MONTAJE JUDICIAL CONTRA SU DIRECTOR Y LA AGENCIA DE NOTICIAS NUEVA COLOMBIA - ANNCOL.

La Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia dejo en firme la sentencia absolutoria a favor de JOAQUIN PEREZ BECERRA, director de ANNCOL. La Delegada de la Fiscalía, interpuso recurso de insistencia ante la Procuraduría General de la Nación, el Procurador Delegado para la Casación Penal, decidió abstenerse acceder a la petición de insistir ante la Sala de Casación Penal para la admisión de la demanda presentada por la Fiscalía.
De esta forma queda libre de cualquier responsabilidad penal el Director de ANNCOL y queda por el piso el montaje judicial orquestado por el gobierno colombiano, como también los mezquinos señalamientos en contra de la Agencia de Noticias Nueva Colombia – ANNCOL, como “El órgano de información del Terrorismo”. 


En el Proceso penal, la Defensa, explicó y probó que la Agencia de Noticias Nueva Colombia - ANNCOL es una agencia de noticias no comercial situada en ESTOCOLMO, SUECIA, fundada en 1995, por los ciudadanos suecos señor JENS HOLM, ex-parlamentario Europeo y Parlamentario de Suecia, señor DICK EMANUELSSON Escritor y Periodista y JOAQUÍN PEREZ BECERRA, ingeniero y periodista exiliado político de Colombia, víctima del genocidio de la UNION PATRIOTICA, ahora nacionalizado en Suecia, que este medio de comunicación mantiene un portal de noticias en Internet donde informa temas políticos y en relación con el cruel conflicto armado Colombiano, que es un medio de denuncia pública de violación de los derechos humanos contra los partidos de izquierda, destacando la guerra sucia contra el Partido Comunista Colombiano, la Unión Patriótica, el Polo Democrático y movimientos populares, sindicatos y comunidades campesinas e indígenas y que también tiene cubrimiento noticioso sobre hechos de violación de derechos humanos en América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia, Australia y África.


Razones de la existencia de ANNCOL que reitero, fueron probadas por la defensa en el juicio público en contra de su director y que no fueron desvirtuadas por la Fiscalía General de la Nación y hoy la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, le han dado todo el crédito a la Defensa y el reconocimiento a ANNCOL, como una Agencia de Noticias legalmente constituida. 


La Defensa técnica, nos sentimos orgullosos con nuestro trabajo profesional y complacidos con el deber cumplido, pues en este voluminoso y complejo proceso penal, apostamos todo nuestros conocimientos jurídicos, demostramos con experiencia y calidad profesional en el campo del Derecho que los Falsos Positivos judiciales se pueden enfrentar, combatir y ganar. 


El gobierno de Colombia, debe reconocer públicamente al daño que le causó a JOAQUIN PEREZ BECERRA y a ANNCOL y el gobierno de Venezuela, igualmente debe reconocer que cuando deportó al director de ANNCOL, actuó con ligereza sin miramiento alguno y por tal razón, merecen excusas públicas.


RODOLFO RIOS LOZANO
Abogado Defensor de Derechos Humanos y Presos Políticos

viernes, 4 de diciembre de 2015

DEBATE DE CONTROL POLITICO SALUD Y CARCELES

Comisión VII del Senado

Senador citante: Alberto Castilla - POLO DEMOCRÁTICO

Diciembre 3 de 2015
 
El día de ayer 3 de diciembre tuvo lugar este importante debate sobre salud y cárceles. Dada la importancia del tema éste continuará en una próxima fecha.
Además de la participación de varios congresistas asistieron el Ministro de Justicia Yesid Reyes, la viceministra de salud Cármen Dávila y el Director General del INPEC, Brigadier General Jorge Luis Ramírez Aragón.
Fue importante la denuncia que desde las cárceles hicieron varios presos y presas políticos y sociales y entre la audiencia hicieron presencia varias organizaciones defensoras de derechos humanos y presos políticos como la Fundación Comité de Solidaridad con los presos políticos, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - CPDH, la Red INSPP, familiares de presas y presos políticos y ex prisioneras y ex prisioneros políticos.

Encuentro de la delegación Británica del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Sector Público - UNISON y la ONG Justice for Colombia

Encuentro de la delegación Británica del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Sector Público - UNISON y la ONG Justice for Colombia con representantes de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ACEU, la Federación de Estudiantes Universitarios FEU y los estudiantes universitarios ex prisioneros políticos Jorge Eliécer Gaitán y Liliany Obando.
En la Universidad Nacional de Colombia, diciembre 3 de 2015